Hay que terminar con el canal ilegítimo y exigir,
además de infraestructura y equipamiento, condiciones éticas al propietario del
establecimiento que produce y/o comercializa fármacos. Es indispensable
respetar la función del farmacéutico.
Delincuentes
vestidos de empresarios, falsas droguerías, jóvenes ambiciosos muertos,
dirigentes encarcelados y funcionarios procesados confirman que en Argentina
existen mafias de medicamentos.
Los
remedios ilegítimos, que en Argentina representan 11% del total, pueden ser
falsificados, igual que jeans, zapatillas o perfumes de marca; adulterados,
cuando se les agrega o quita componentes o se les cambia rótulos o fechas de
vencimiento, o defectuosos, cuando les falta calidad o son robados.
Inyecciones
de hierro (Yectafer®) adulteradas y partidas enteras de medicamentos de uso
masivo (Amoxidal®, Buscapina®, Sertal®, Alplax®, Rivotril® o Viagra®) robadas o
falsificadas, son noticias corrientes.
A los
escasos culpables que encuentran le dictan “Probation”. Casi un chiste
considerando la gravedad del delito.
Remedios
de alto costo y baja incidencia (ACBI) para sida, cáncer, hemofilia o
trasplante, fueron -y siguen siendo- falsificados y/o adulterados, cambiando
número de lote y fecha de vencimiento. Se revenden productos comprados en
licitaciones, se fraguan troqueles e imitan recetas.
Periódicamente
la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
dispone el retiro de lotes y partidas de medicamentos por estar adulterados o
con fallas de calidad.
Se sabe
que, todas las semanas, bandas bien organizadas vacían una farmacia o roban un
camión completo de medicamentos, valuados respectivamente en 400 mil y 900 mil
pesos cada uno.
¿Qué
pasa con los remedios “truchos”?
¿Se
recuperan y destruyen? ¿A dónde van a parar? ¿Quién descarta los vencidos?
Las
pruebas indican que los medicamentos ilegítimos alimentan el canal conformado
por kioscos, supermercados, gimnasios, estaciones de servicio y restaurantes.
También se ofrecen por Internet a través de unas 300 páginas y se envían por
correo.
Este canal
no existiría sin la complicidad de algunos productores de especialidades
medicinales, tentados por ubicar sus productos no solo en las 12.000 farmacias,
sino también en unos 60.000 kioscos, 25.000 supermercados, 4.000 estaciones de
servicio y 3.000 gimnasios. Tampoco sería posible este circuito paralelo si la
industria farmacéutica estuviera un poco menos preocupada por vender sus
productos que por la salud de la gente.
Mucha
gente compra medicamentos en estos ilegítimos lugares. Ponen en riesgo su salud
y vida con productos de dudosa calidad, sin recibir a cambio ningún comprobante
de compra, sin garantía de resultados, ni posibilidades de reclamar por algún
problema de salud que pudiera ocurrir tras usar los productos. Creen que son
una “ganga” al comprarlos baratos o sin necesidad de receta.
Alrededor
de 60% de los medicamentos que circulan por el canal paralelo son ilegítimos.
El mercado de los ilegítimos viene siendo denunciado sostenidamente por
colegios, confederaciones y sindicatos de farmacéuticos. Pasó de un reducido 3%
del total en 2000, a un 5% en 2004, 9% en 2006 (reconocido por ANMAT), 10% en
2009 y 11% en 2017. Mueve 2000 millones de pesos anuales.
Existen denuncias de que varios laboratorios
reconocidos no destruyen los medicamentos vencidos que les devuelven las
farmacias y los reinsertan al mercado.
Cualquiera
es dueño
La
figura del Farmacéutico parece decorativa. Solo 15% de las farmacias, 3% de las
droguerías y 1% de los laboratorios son propiedad de éstos. Muchos propietarios
no respetan la palabra del profesional. Compran y venden sin su autorización,
no les pagan dentro de su convenio laboral y los reemplazan ante la menor
discrepancia. Pero con sus decisiones lo arrastran a causas penales y sanciones
en su matrícula.
Los
empresarios, pequeños, medianos o grandes, tienen el principal interés de la
rentabilidad del negocio. El poco respeto a la toxicidad y riesgos de los
medicamentos suele evidenciarse en decisiones que anteponen lo comercial a lo
sanitario. Descuentos inverosímiles, promociones 2x1 y publicidades engañosas
de efectos incomprobables.
Que
muchas farmacias se parezcan más a un shopping que a un centro de salud,
también es mérito de comerciantes que confunden modernidad con “viva la pepa”.
Resulta
increíble que personas vinculadas con el narcotráfico, hayan sido o sean dueños
de farmacias, droguerías y laboratorios. Más inadmisible es que estén
vinculados con intendentes y otros funcionarios públicos.
En el
2000 no eran más de 90 las droguerías habilitadas, hoy superan las 400. Una
droguería debería poseer infraestructura y logística suficiente para almacenar
y distribuir productos sanitarios a farmacias y hospitales. Sin embargo, han
aparecido droguerías en espacios reducidos a una oficina comercial o a una
casilla postal.
Además
de infraestructura y equipamiento, deberían exigirse ciertas condiciones y
antecedentes a quien pretenda ser propietario de un establecimiento que ha de
producir y/o comercializar drogas. Un código de ética para el propietario sería
lo correcto.
No pido
que la propiedad vuelva al farmacéutico como era antes de 1990, no es solución.
Pero sí que se respete su opinión profesional. Son reiteradas las quejas del
director técnico que dice recibir presiones cuando intenta cumplir su función.
Si exige la receta, pide comprar solo a proveedores confiables o instruye al
personal a su cargo para que cumpla la ley, el dueño contraataca “mire
doctor que si no se vende no podré pagarle su sueldo…”. El caso de la
farmacéutica que debió renunciar porque ni siquiera la dejaban entrar al local
es el colmo de la impunidad de algunos capitalistas.
El
máximo responsable de la farmacia es el profesional farmacéutico. Un “experto
en medicamentos” que estudia 5 años de universidad; por eso, su opinión y
decisiones técnicas deben ser acatadas por el bien de la salud. De poco sirve
que esté en el lugar si no se le hará caso.
Las
cámaras o asociaciones de propietarios deberían colaborar para que sus
asociados actúen con ética. Un verdadero empresario hace negocios en el marco
de la ley, nunca fuera de ésta y jamás sin respetar la opinión del profesional.
Política
Urge una
política de medicamentos que asegure la cadena de comercialización de fármacos:
el laboratorio productor vende a la droguería (las verdaderas, no
las truchas) o distribuidora mayorista, y ésta a la farmacia, que es la
única que puede venderle al ciudadano. Como el Ministerio de Salud solo tiene
facultades para controlar estos establecimientos, deben sacarse los remedios de
otros lugares no autorizados.
Debe
ratificarse la venta de medicamentos exclusiva en farmacias y prohibir a la
farmacia vender cualquier producto que no sea sanitario. Nada tienen que hacer
los medicamentos junto a papas fritas, regalos o golosinas. Hay terminar con
biblia y calefón!
Urge un
sistema nacional de trazabilidad que asegure el origen y permita conocer la
ruta que sigue un medicamento desde que se produce hasta que se consume.
Los
medicamentos fabricados en Argentina son de calidad, pero deben comercializarse
por una vía controlable y hay que encarcelar a quienes los falsifiquen, desvíen
o adulteren. El problema con los remedios también está vinculado con la forma
en que se recetan, dispensan o toman. Pero ese será otro capítulo.
Marcelo
Peretta
Doctor
en Farmacia y Bioquímica, UBA
Secretario
General Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB
Secretario
de Salud 62 Organizaciones Peronistas
marceloperetta@hotmail.com
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