Es historia conocida que en 2010 fuí victima de una maniobra
destituyente por la que me apartaron del cargo obtenido por el voto de los
colegiados. Como no podían ganarme en elecciones, José Ohyamburu y otros
consejeros optaron por imputarme un delito inexistente para sacerme del juego e
impedirme participar.
Como era previsible, la justicia penal resolvió en 2012 mi
sobreseimiento aclarando que “mi nombre y honor no se vieron afectados”. El
sobreseimiento fue confirmado por la Cámara en un todo por tanto se trata de
cosa juzgada, pero no finalizada puesto que el COFYBCF mantiene latente el
daño.
La denuncia, cuya falsedad fue demostrada, me provocó daño y
perjuicio económico, psicológico y moral, pero más daño me causó -y me causa-
que el Colegio no haya aclarado el resultado de las causas, incumpliendo los
deberes de Colegio de ley 16478/64.
Desde 2012 estoy solicitando al COFYBCF que emita una
constancia sobre lo resuelto por la justicia. Pero Ohyamburu y Claudio Ucchino
se niegan porque estuvieron involucrados en la maniobra e implicaría reconocer
el delito.
En diciembre 2012, 110 colegiados inclusive suscribieron un
pedido de desagravio hacia mi persona, pero también fue ignorado por el
COFYBCF.
En marzo 2013, la propia jueza Laura Bruniard, que en su
sentencia resaltó “la denuncia pudo deberse a algún tipo de maniobra
política en contra de Peretta…” también envió un oficio al COFYBCF
solicitándole que “de a conocer” lo resuelto por ella, pero también fue
ignorado.
No conforme con ignorar mi pedido, el pedido de desagravio
de los colegiados y de la propia jueza penal, el COFYBCF presidido por
Ucchino inauguró la era de la posverdad publicando en la página
oficial “El colegio ha recibido una grave demanda que involucra a un
funcionario de la gestión anterior” con el único fin de profundizar mi
perjuicio. Tiempo después descubrimos que puede subirse información falsa a la
red y darle apariencia de realidad.
Se dice que a cambio de un pago librado en esa fecha desde
la Tesorería, la falsa denunciante accedió a darles “una mano política”
presentando la demanda “García Lorena Angelina c/ Colegio Oficial de
Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal y otro s/ Acción civil” Exp.
14461/12, de la que participó la abogada Verónica Antún, hija de Luis Antún,
entonces director del COFYBCF.
La prefabricación de esta cáusa laboral, en connivencia con
autoridades del COFYBCF, tuvo el único fin de perjudicarme en las elecciones.
No se atrevían a competirme, siempre les gané. El dato surge de las
declaraciones testimoniales de: Maria José Beretta, Mariana Soledad Funes,
Daniel Armando Calvo, Gustavo Favio Fortino y María Cristina García, “…El
día de los hechos Peretta ni siquiera estaba en el Colegio… Todo se debe a una
cuestión política de la institución ya que Peretta se iba a presentar en una lista
de las elecciones… Es un invento para impedirle participar de las elecciones”.
Aunque la demanda laboral era contra el empleador COFYBCF y
la ART, la maldad y el deseo incontenible de perjudicarme hizo que Oyhamburu y
Ucchino extendieran dicha demanda en mi contra, como tercero responsable,
siendo que yo no era empleador y la sede penal había resuelto mi completo
sobreseimiento.
Como era de esperar, la causa civil fue rechazada en
todas sus partes en mayo 2017, eximiéndome de responsabilidad -encontrándose
actualmente a consideración de la instancia superior-, pero ni aún así el
COFYBCF se dignó a publicar una aclaratoria, evidenciando su interés en
dañarme, exponiendo y perjudicando a la institución.
Es tan trucha la causa prefabricada desde el COFYBCF que
terminó siendo rechazada en un país donde casi todos los juicios laborales
resultan a favor del trabajador.
A pesar de no tener que desembolsar pagos puesto que la
demanda se rechazó, Ohyamburu y Ucchino promovieron la creación de un
innecesario “fondo de previsión para juicios en virtud de la demanda
laboral llegada al colegio por la suma de $3.530.000”, con el único fin de
perjudicarme y desviar recursos de la institución, puesto que las demandas se
asumen con los fondos propios de la institución, sin necesidad de
aprovicionamiento.
El perjuicio no fue solo hacia mí individualmente, sino
contra todos los colegiados, ya que se desviaron más de un millón de pesos en
“honorarios letrados” según los balances.
Resulta claro que desoyendo mis pedidos y ocultando lo
resuelto por la justicia, el COFYBCF ha incumplido el deber dispuesto
por el artículo 2 de la ley 16478/64: “El Colegio tiene por objeto… d)
Vigilar y hacer respetar los deberes y la ética profesional…, g) Fomentar el
espíritu de solidaridad, mutuo apoyo y consideración recíproca entre sus
asociados…”.
Cabe distinguir la responsabilidad que le cabe a la “Falsa
denunciante”, de la responsabilidad que debe asumir el “Colegio” por estimular
tal maniobra y usufructuar tan miserable situación, creando un irregular “fondo
para juicios”, ocultando la verdad, negándose a difundir sentencias judiciales
y a otorgar un desagravio.
Como prueba la popular frase “miente que algo queda”, esta
falsa denuncia y la negativa del COFYBCF a desagraviarme ha dejado en mi
familia y curriculum, una mancha que quizás nunca desaparezca.
Me destituyeron, perdí mi posición académica en Universidad
Maimónides, me obligaron a contratar costosos abogados, me provocaron problemas
de salud que debí afrontar, publicaron mentiras sobre mi persona en la página
oficial, cometieron práctica desleal contra el sindicato que presido, rebajando
a los bioquímicos a FATSA y a los farmacéuticos a ADEF –con apoyo de Rubén
Sajem- y otros tantos actos de mala fe.
Por eso inicié la demanda “Marcelo Peretta c/ Colegio
Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos s/ daños y perjuicios” en Juzgado
41 contra los miembros del Consejo General -según Estatuto deben asumir la
responsabilidad individual de sus acciones-, solicitando se difundan en
la página web, en la recepción de la sede y en diario clarín en que
habitualmente convocan asambleas, las sentencias judiciales que disponen mi
inocencia, se retire del sitio web www.cofybcf.org.ar todas las noticias que me
involucran, y se me reintegren los gastos realizados durante estos
años.
Este crimen no puede quedar impune. Es inaceptable que un
grupo reducido de “vivos” desprestigie nuestra institución para sacar provecho
político. Hoy la victima es Marcelo Peretta, pero mañana puede serlo cualquier
colegiado.
Varias preguntas para los consejeros del COFYBCF que creen
estar por encima de la ley: ¿Seguirán ignorando su obligación estatutaria?,
¿Crearán “otro fondo para juicios”?, ¿Continuarán impidiéndome participar de
elecciones?, ¿Devolverán los faltantes del balance?, ¿Seguirán echando mano a
la caja del colegio para satisfacer sus caprichos políticos?, ¿Persisitirán
entregando bioquímicos a FATSA y farmacéuticos a ADEF, para impedir el
desarrollo del sindicato profesional que les corresponde?
Nadie escapa a la justicia terrenal, mucho menos a la
divina.
Gracias a los colegiados, amigos y familia que me brindan su
permanente su apoyo.
Marcelo Peretta
Doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires
Colegiado N° 8466
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